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15 de Julio, 2016 · CONCUBINOS DEBERES Y DERECHOS

Probado el concubinato durante la relación laboral, corresponde rechazar la demanda por despido.

Partes: G. P. c/ T. A. s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 19-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98078-AR | MJJ98078 | MJJ98078

Corresponde rechazar la demanda por despido en tanto se comprobó que el actor y la demandada vivieron en concubinato durante la vigencia de la relación laboral invocada.
Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda, pues habiéndose comprobado la existencia de una unión convivencial entre el actor y la demandada durante la vigencia de la relación laboral alegada por el trabajador, cabe presumir que las prestaciones probadas fueron hechas en virtud de un proyecto común de vida y no por causa de un contrato de trabajo.

2.-Resulta excepción a la aplicabilidad del art. 23 de la L.C.T. la relación entre padres e hijos mayores o emancipados o hermanos, inclusive entre concubinos, benévolos, amistosos o de vecindad cuando todos ellos contribuyen a la formación de un mismo patrimonio y sobre todo cuando forman parte de misma comunidad familiar.

Fallo:

En Mendoza, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-01924975-6/1, caratulada: “G., P. EN J° 49.748 “G. P. C/ T., A.P/ DESPIDO” S/ INC. CAS.”

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero DR. MARIO DANIEL ADARO, segundo Dr. HERMAN AMILTON SALVINI y tercero Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 9/17, el actor Sr. P. G., por intermedio de representante, interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia definitiva glosada a fs. 106 y ss. de los autos N° 49.748 “G. P. c/ T. A. p/ despido”, pronunciada por la Excma. Cámara Primera del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial, Provincia de Mendoza.

A fs. 30 se admitieron formalmente los recursos intentados y se ordenó correr traslado de los mismos a la parte contraria quien, a fs. 32/36, contestó solicitando el rechazo con costas.

A fs. 42/43 se agrega el dictamen del Sr. Procurador, quien por las razones que expuso aconsejó el rechazo del recurso de inconstitucionalidad planteado dejando para el momento oportuno el tratamiento del recurso de casación.-

A fs. 48 se llamó al acuerdo para dictar sentencia definitiva consignándose el orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I. La Sentencia dictada por el tribunal inferior aquí cuestionada rechazó la demanda planteada por el Sr. P. G. en contra de la Sra. A. T., por la suma de $179.033,98 en concepto de rubros no retenibles y rubros indemnizatorios por despido indirecto.-

En ese sentido, el a quo argumentó:

1. No resultó ajustado a la verdad de los hechos que el actor haya comenzado a trabajar para la demandada el día 15 de febrero de 2006, como alega, toda vez que el local ubicado en la calle Terrada fue habilitado recién en junio del año 2009.-

2. El actor convivía con la demandada y debió ser expulsado de domicilio común con el auxilio de la fuerza pública, tal como surge del testimonio de Sr. González (fs. 39).-

3. Concluyó que no corresponde hacer lugar a la demanda ante la orfandad probatoria acerca de la existencia del contrato de trabajo entre las partes, por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de la relación laboral y por entender razonablemente en base a las constancias de la causa y testimonios rendidos, que las tareas realizadas por el actor, pareja o concubino de la demandada, fueron realizadas a favor de la comunidad de intereses que ambos integraban, en beneficio común y en contribución a la formación de un mismo proyecto patrimonial.-

Resulta excepción a la aplicabilidad del art. 23 de la L.C.T. la relación entre padres e hijos mayores o emancipados o hermanos, inclusive entre concubinos, benévolos, amistosos o de vecindad cuando todos ellos contribuyen a la formación de un mismo patrimonio y sobre todo cuando forman parte de misma comunidad familiar, es decir, cuando está ausente el elemento “ajenidad económica”, pues no se trabaja para un tercero sino para una misma comunidad económica que se integra.

4. Sostuvo que la conclusión a la que arribó no supone una violación a la regla el art.9 de la L.C.T., toda vez que dicha regla no purga las hipótesis de ausencia o insuficiencia probatoria.- Tampoco desplaza la sana crítica racional, como criterio de valoración de la prueba ni tiene impacto sobre la “carga” de la prueba.-

5. Concluyó que la prestación de servicios del actor careció de los elementos propios constitutivos de la relación de dependencia laboral, como son la causa, el objeto, a la ajenidad, la dependencia técnica jurídica y el poder disciplinario, entre otros.-

II. Contra dicha decisión el actor interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación.

1. El primer remedio lo enmarca dentro del inciso 3 del artículo 150 del C.P.C.

a. Sostiene que se violó su derecho de defensa en juicio ya que el sentenciante no oyó sus fundamentos al plantear su pretensión.-

b. Afirma que la sentencia omite toda referencia a la declaración de rebeldía y a los efectos que la misma produce en la resolución de conflictos.-

c. Agrega que el a quo por su propio designio establece y da por probado que el actor vivió una relación de concubinato y que esta situación por sí misma invalida la pretensión del accionante.

d. Se agravia de la interpretación arbitraria que realiza la sentencia de los dichos de los testigos y de la prueba arrimada al proceso.

2. El remedio casatorio lo enmarca en el inciso 2 del art. 159 del C.P.C. Se queja de la errónea aplicación de los art. 1218, 1261, 1358 y 1764 del Código Civil (hoy no vigente).- También sostiene la falta de aplicación del art. 9 de la L.C.T.-

III. Anticipo que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de Sala, los recursos no prosperarán desde el punto de vista formal.

1.El planteo realizado por el recurrente a los fines de fundar los agravios por los cuales deduce recurso de inconstitucionalidad no muestra sino una mera discrepancia respecto del criterio sostenido por el a quo para fundar su decisión.

En efecto, no logra demostrar el recurrente de qué manera la sentencia se configura como un acto arbitrario en tanto presenta una violación al derecho de defensa o no cumple con los requisitos indispensables para existir como tal.

Introduce afirmaciones que no tienen otra virtualidad que la de demostrar una falta de coincidencia con el criterio de valoración de la prueba agregada a la causa que tuvo el juez de grado al sentenciar.-

Por ello, no logra rebatir debidamente los argumentos con eficacia decisoria dados por el Inferior, lo que deja a la queja planteada como un simple disenso sin posibilidad de constituir una herramienta argumentativa capaz de hacer virar el fallo atacado.

2. El quejoso deja en pie los argumentos centrales de la decisión del a quo, cuales son, por un lado, la existencia de una unión convivencial entre el actor y la demandada durante la vigencia de la relación laboral alegada por el trabajador. A partir de este hecho acreditado en la causa, consideró que las prestaciones probadas fueron hechas en virtud de un proyecto común de vida y no por causa de un contrato de trabajo.

Y por el otro, la orfandad probatoria de los elementos de la supuesta relación laboral que unió a las partes. Circunstancia que tiene en cuenta el a quo cuando realizó el análisis de la misma a los fines de la aplicación del principio del art. 9 de la L.C.T.-

3.- En el caso, el actor no pone en crisis el eje decisional de la sentencia que se basa en la falta de prueba de los elementos constitutivos de la relación laboral, circunstancia que se impone frente a la presunción del art.23 de la L.C.T.-

4.- Esta Corte ha sostenido reiteradamente que la tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación, o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. El recurso deviene improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se pretende lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (art. 150 y nota, Código Procesal Civil) (L.A. 84-257, L.A. 89-357, L.A. 91-143, L.A. 94-342, L.A. 158-400, L.A. 169-212).-

El recurrente se limita a sostener que la sentencia valoró arbitrariamente la prueba incorporada al proceso, sin precisar con claridad en que consistió tal arbitrariedad, por lo que su planteo resulta insuficiente para anular el fallo en cuestión.-

5. En conclusión, la queja se presenta como un mero disenso con lo resuelto por el Juzgador, quien ha realizado un análisis profundo de la prueba fundando su decisión acabadamente.-

IV. En cuanto al remedio casatorio, este Cuerpo tiene sentado que: “.La competencia funcional de la Corte de casación se limita exclusivamente al control de legalidad de los fallos en sentido técnico jurídico, de acuerdo al ámbito específicamente delimitado por los art 159 y 161 del C.P.C. Resultan pues, extrañas al remedio en intento, las cuestiones de hecho y valoración de las distintas circunstancias fácticas implicadas en la causa, respecto de las causales los jueces de mérito, en tanto que discrecionales son excluyentes, salvo causal de arbitrariedad debidamente canalizada.” (LS 370-197).

Asimismo esta Sala ha sostenido que:”.uno de los límites insoslayables del recurso en estudio es el respeto al factum predeterminado por el Tribunal de mérito. Sobre los “mismos hechos” que surgen de la sentencia debe ensayarse una interpretación legal distinta, pues justamente el objetivo de la casación es verificar un control técnico jurídico de la cuestión sometida a examen.” (LS 245-349).

1. En el caso en análisis, el recurrente pretende una revisión de los hechos y de la prueba de la causa, en tanto los agravios que plantea están íntimamente relacionados con la plataforma fáctica fijada en la sentencia, la que no podría ser alterada por la vía intentada.

2. Por otro lado, se ha sostenido que la sola mención de las normas jurídicas implicadas, así como la sola afirmación de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesario la demostración del error en la interpretación atribuido a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requerida por el Código Procesal Civil.- (L.A. 169-306, L.A. 161-428, entre otros).

En este sentido, el recurrente se limita a mencionar las normas implicadas sin determinar en que consiste la errónea interpretación o aplicación del a quo, cuestionando el factum determinado en la sentencia.

Por consiguiente, verifico que lo que en rigor pretende el demandado, es la modificación de los hechos sentados en la decisión de grado, lo que sella en forma negativa la suerte del recurso casatorio intentado.

3. Por último vale agregar que el auto de admisión formal es de naturaleza provisoria y puede ser revisado en el momento de dictar sentencia definitiva (LS 410 – 147, 410-136, entre muchos otros precedentes).

4. En suma, se impone desestimar formalmente los remedios deducidos.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. HERMAN AMILTON SALVINI y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V.Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse en forma afirmativa la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. HERMAN AMILTON SALVINI y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

VI. Atento al resultado arribado en el tratamiento de la Primera Cuestión, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida, en virtud del principio chiovendano de la derrota (arts. 36.I y 148 C.P.C.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. HERMAN AMILTON SALVINI y OMAR ALEJANDRO PALERMO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 19 de abril de 2016.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1. Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por el Sr. P. G., a fs. 9/17 de autos.

2. Imponer las costas a la recurrente vencida, conforme a lo dispuesto en la Tercera Cuestión (arg. arts. 36. I y 148 C.P.C.).

3. Omitir la regulación de honorarios para su oportunidad.-

Notifíquese.

DR. HERMAN AMILTON SALVINI

Ministro

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

publicado por trassens a las 20:33 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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