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15 de Julio, 2016 · CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Personas con capacidad restringida. Sentencia de inhabilitación. Revisión. Art. 40 Código Civil y Comercial de la Nación. Improcedencia. Convención sobre los Derechos de las

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Personas con capacidad restringida. Sentencia de inhabilitación. Revisión. Art. 40 Código Civil y Comercial de la Nación. Improcedencia. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Principios. Rol del juez.

Carátula: F., C. A. s. Inhabilitación 
Fecha: 03/02/2016
Tribunal: Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 - Río Grande, Tierra del Fuego
Fuente: Rubinzal Online
Número de causa: 5564
Cita: RC J 3456/16

En el marco de un proceso de inhabilitación iniciado y resuelto bajo lo normado por el derogado Código Civil (art. 152 bis), se decide no imprimir a la sentencia el trámite de revisión dispuesto por el art. 40, Código Civil y Comercial, y se dispone dejar sin efectos tanto la mencionada sentencia como la designación del cargo de curador definitivo dispuesta. Ello así, dado que se estaría evaluando la posibilidad de confirmar una sentencia, sin que exista una demanda entablada en los términos del art. 32, Código Civil y Comercial, la cual, requiere de presupuestos específicos que no se encuentran planteados en el caso. En efecto, la demanda oportunamente planteada resulta improcedente a la luz de la nueva legislación sustantiva, e incompatible con la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378). De allí que iniciar un proceso de revisión de la sentencia que declara la inhabilitación de la persona perjudicaría a ésta, en tanto debería "defenderse" de algo que no se le ha planteado, cuestión que resulta cuanto menos ilógica, amén de ser claramente inconstitucional, por vulnerar el principio de debido proceso. En este sentido, realizar una nueva evaluación interdisciplinaria y mantener la audiencia con la persona, pautas éstas que establece el código como una de las tantas normas procedimentales que ha incorporado, vulnerarían sin más el debido proceso en el caso particular de autos, en tanto falta nada más y nada menos que la petición que la motive, es decir la demanda, donde se indique conforme la nueva mirada que establece el código acerca del instituto de la capacidad, el acto u actos para los cuales se pretende restringir la capacidad o eventualmente los presupuestos para una declaración de incapacidad. Sin esta demanda, nada puede revisarse, por lo que seguir adelante con el proceso siguiendo las pautas antes enunciadas (aún cuando éstas corresponden a la normativa vigente) no haría más que vulnerar los derechos de quien el código y las convenciones internacionales, pretenden proteger. Finalmente, y teniendo en cuenta que la curatela ha quedado circunscripta a un solo supuesto, el de la incapacidad, instituto éste que no se compadece en modo alguno, conforme la prueba oportunamente producida con la situación particular de la persona. Por lo tanto, él mismo o algún familiar podrán requerir establecer la figura del apoyo, que por otro lado no precisa necesariamente ser judicial, ya que el art. 43, Código Civil y Comercial, contempla claramente la figura del apoyo en el marco extrajudicial. 
El propósito de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, no es otro que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de que todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad - entre ellas las mentales -, no sean afectadas en su dignidad y puedan desenvolverse en la sociedad normalmente. Ello, es el norte que pregona la Convención, la que entre sus principios contempla: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) la no discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; e) la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; entre otras. Es en función del cumplimiento de estos principios, por los que debemos velar como sociedad en general y desde el rol de la judicatura en particular, a fin de garantizar la tutela de todos y cada uno de los derechos que por la situación particular de vulnerabilidad que atraviesan las personas con discapacidad, se han creado y dispuesto en su favor.

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publicado por trassens a las 20:47 · Sin comentarios  ·  Recomendar
 
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