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15 de Julio, 2016 · CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Personas con capacidad restringida. Sentencia de inhabilitación. Revisión. Art. 40 Código Civil y Comercial de la Nación. Improcedencia. Convención sobre los Derechos de las

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. Personas con capacidad restringida. Sentencia de inhabilitación. Revisión. Art. 40 Código Civil y Comercial de la Nación. Improcedencia. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Principios. Rol del juez.

Carátula: F., C. A. s. Inhabilitación 
Fecha: 03/02/2016
Tribunal: Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 - Río Grande, Tierra del Fuego
Fuente: Rubinzal Online
Número de causa: 5564
Cita: RC J 3456/16

En el marco de un proceso de inhabilitación iniciado y resuelto bajo lo normado por el derogado Código Civil (art. 152 bis), se decide no imprimir a la sentencia el trámite de revisión dispuesto por el art. 40, Código Civil y Comercial, y se dispone dejar sin efectos tanto la mencionada sentencia como la designación del cargo de curador definitivo dispuesta. Ello así, dado que se estaría evaluando la posibilidad de confirmar una sentencia, sin que exista una demanda entablada en los términos del art. 32, Código Civil y Comercial, la cual, requiere de presupuestos específicos que no se encuentran planteados en el caso. En efecto, la demanda oportunamente planteada resulta improcedente a la luz de la nueva legislación sustantiva, e incompatible con la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378). De allí que iniciar un proceso de revisión de la sentencia que declara la inhabilitación de la persona perjudicaría a ésta, en tanto debería "defenderse" de algo que no se le ha planteado, cuestión que resulta cuanto menos ilógica, amén de ser claramente inconstitucional, por vulnerar el principio de debido proceso. En este sentido, realizar una nueva evaluación interdisciplinaria y mantener la audiencia con la persona, pautas éstas que establece el código como una de las tantas normas procedimentales que ha incorporado, vulnerarían sin más el debido proceso en el caso particular de autos, en tanto falta nada más y nada menos que la petición que la motive, es decir la demanda, donde se indique conforme la nueva mirada que establece el código acerca del instituto de la capacidad, el acto u actos para los cuales se pretende restringir la capacidad o eventualmente los presupuestos para una declaración de incapacidad. Sin esta demanda, nada puede revisarse, por lo que seguir adelante con el proceso siguiendo las pautas antes enunciadas (aún cuando éstas corresponden a la normativa vigente) no haría más que vulnerar los derechos de quien el código y las convenciones internacionales, pretenden proteger. Finalmente, y teniendo en cuenta que la curatela ha quedado circunscripta a un solo supuesto, el de la incapacidad, instituto éste que no se compadece en modo alguno, conforme la prueba oportunamente producida con la situación particular de la persona. Por lo tanto, él mismo o algún familiar podrán requerir establecer la figura del apoyo, que por otro lado no precisa necesariamente ser judicial, ya que el art. 43, Código Civil y Comercial, contempla claramente la figura del apoyo en el marco extrajudicial. 
El propósito de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, no es otro que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de que todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad - entre ellas las mentales -, no sean afectadas en su dignidad y puedan desenvolverse en la sociedad normalmente. Ello, es el norte que pregona la Convención, la que entre sus principios contempla: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) la no discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; e) la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; entre otras. Es en función del cumplimiento de estos principios, por los que debemos velar como sociedad en general y desde el rol de la judicatura en particular, a fin de garantizar la tutela de todos y cada uno de los derechos que por la situación particular de vulnerabilidad que atraviesan las personas con discapacidad, se han creado y dispuesto en su favor.... Continuar leyendo

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15 de Julio, 2016 · MENORES

RESPONSABILIDAD PARENTAL. Autorización judicial para viajar. Negativa injustificada de la madre. COSTAS. Condena en costas.

RESPONSABILIDAD PARENTAL. Autorización judicial para viajar. Negativa injustificada de la madre. COSTAS. Condena en costas.

Carátula: C, L. O. s. Autorización judicial 
Fecha: 17/05/2016
Tribunal: Cámara de Apelaciones Sala I Civil y Comercial - Gualeguaychú, Entre Ríos
Fuente: Rubinzal Online
Cita: RC J 3692/16

Si bien en cuestiones no patrimoniales de familia no corresponde imponer las costas con fundamento en el principio de la derrota, ya que la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes, la excepción se configuraría cuando la conducta desplegada por alguna de ellas fuere irrazonable, gratuita o injustificada y la consiguiente intervención de la justicia, obviable.... Continuar leyendo

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15 de Julio, 2016 · divorcio notificaciones

DIVORCIO UNILATERAL FALLO SOBRE NOTIFICACION ABOGADOS DE FAMILIA MAR DEL PLATA

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M L., M. A. c/ B., G. DEL V. s/ DIVORCIO ART. 214 INC. 2DO. CODIGO CIVIL Buenos Aires, 2016.- VISTOS Y CONSIDERANDO: I- El actor apeló la providencia de fs. 42 que ordena poner en conocimiento del cónyuge la petición de divorcio presentada, el juez de grado concede el recurso a fs. 44. II- El demandante entiende que la notificación que le ordena el auto de fs.42 es materialmente imposible, ya que ha intentado con anterioridad diligenciar otra cedula en el domicilio informado por las reparticiones públicas y no ha tenido resultado positivo. Destaca asimismo que transcurrieron 47 años desde la separación de hecho. Por otro lado, el recurrente manifiesta agraviarse por cuanto el juzgado de origen no accedió a la notificación por edictos. El Sr. Fiscal de Cámara se expide a fs. 53/54 compartiendo los fundamentos expuestos por el apelante. III.- En primer término cabe señalar, conforme lo ha dicho en forma reiterada este tribunal, que constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad de la apelación la existencia de un gravamen o perjuicio concreto y actual, resultante de la decisión que se recurre y el interés válido para quien lo interpone. El agravio debe ser actual y no conjetural (conf. Morello A., "Códigos Procesales Comentados", T.III, pág.148, jurisprudencia allí citada; esta Sala exptes. n°144.996, n°176.205 y n° 199.232). En este sentido, la existencia de gravamen deriva del principio general según el cual sin interés no hay acción (confr. Fenochieto, Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado...” t. 2 pág.17). No configurándose en el caso de autos perjuicio alguno al apelante, corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto. No obstante y con el fin de dar una acabada respuesta al justiciable, conviene destacar que el art. 438 del Código Civil y Comercial de la Nación establece los requisitos en el procedimiento del divorcio, y es claro en cuanto dispone “…Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta…”, por lo que torna indispensable que la cónyuge sea anoticiada de la petición de divorcio o en su caso, agotar todas las medidas que sean necesarias para que ello suceda. Por otro lado, y en virtud de la multiplicidad de opciones que brinda el art. 717 Cód. Civ. y Com. en cuanto a la competencia en los procesos de divorcio y nulidad del matrimonio (el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta) podría darse el caso de que un juez dicte una sentencia de divorcio existiendo ya otra sentencia idéntica en otro proceso requerida por el otro cónyuge en otra jurisdicción en relación con el mismo matrimonio, ambas dictadas sin intervención de la otra parte. De igual modo, podría plantearse la situación de que el cónyuge no peticionante del divorcio hubiera promovido un juicio de nulidad de matrimonio en otra jurisdicción, o tuviera fundamento para plantearlo, produciendo la disolución del vínculo matrimonial por una causal diferente. Finalmente, hasta podría llegarse al absurdo de decretar el divorcio respecto de una persona ya fallecida (Sala J, “Coco, Carla Paola c/ Sibio, David Fernando s/ Divorcio” expte. N°64234/15 del 10/3/2016). A pesar que la redacción del art.438 del Código Civil y Comercial, pueda no ser lo suficientemente clara, no cabe duda que en su espíritu se encuentra el principio de contradicción, por el cual se impone correr traslado tanto de la petición unilateral como así también de la propuesta efectuada por una de las partes, a efectos de no vulnerar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Sin perjuicio de ello se advierte que contrariamente a lo manifestado por el apelante, la notificación por edictos fue solicitada con anterioridad a la readecuación del divorcio -ver fs. 33- y el agraviado nunca cumplió con lo dispuesto por el art.145 del C.P.C.C como fuera ordenado a fs. 33 vta..- Es dable destacar, que en la única cédula que libró el actor -ver fs.25/26- el oficial notificador dejó entrever la posibilidad que la altura de la calle a la que iba dirigida la cédula, pueda pertenecer a otras localidades del mismo partido. Y frente al fracaso de esa notificación, el apelante no ha demostrado una mínima diligencia en el cumplimiento de esa manda judicial ordenada expresamente por la ley, y cuyo fundamento hunde sus raíces el derecho de la defensa establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional. A la luz de tales constancias no se observa en este particular supuesto la alegada imposibilidad de cumplir con la notificación. En tal caso, ante el fracaso de las diligencias que razonablemente se realicen con el fin de notificar a la demandada podrá decidirse de que otra forma se podrá cumplir con la manda ordenada. Por estas consideraciones, el Tribunal RESUELVE: Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 43. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y devuélvase.- Se hace saber que aquellas partes e interesados que no hayan constituido su domicilio electrónico quedarán notificados en los términos del artículo 133 del Código Procesal (cnf. Acordadas n° 31/2011 y 38/2013). MARIA ISABEL BENAVENTE - MABEL DE LOS SANTOS - ELISA M. DIAZ DE VIVAR... Continuar leyendo
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